Cualquier persona, física o jurídica, puede solicitar el acceso a la información pública, en los términos establecidos en el apartado anterior, y sin que sea necesario motivar ni alegar interés en la solicitud.

No se requiere identificación con certificado electrónico o DNI-e.

El derecho de acceso a la información está sujeto a ciertos límites que tienen como objetivo proteger otros bienes jurídicos que pueden quedar desprotegidos si se da la información. Es decir, los límites existen para proteger información que no debe ser pública porque, si lo fuera, podría dañar otros intereses públicos o privados.

Estos límites están tasados en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Accesos a la Información Pública y Buen Gobierno, y son los siguientes:

• La seguridad nacional.
• La defensa.
• Las relaciones exteriores.
• La seguridad pública.
• La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
• La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
• Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
• Los intereses económicos y comerciales.
• La política económica y monetaria.
• El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
• La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
• La protección del medio ambiente.

Respecto a los datos de carácter personal, que están recogidos en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso del afectado.

También podrán ser denegadas aquellas solicitudes de información que sean manifiestamente repetitivas y que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de una mayor transparencia.

Además de aquellos casos o materias para los que exista un régimen jurídico específico de acceso (apartados 2 y 3 de la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

El órgano al que se le solicita una información cuya publicación considera que puede perjudicar a alguno de los límites establecidos en la Ley deberá valorar si, efectivamente, se produce un daño si se provee esa información.

El derecho de acceso a la información solicitada es gratuito.

La expedición de copias o la transposición a un formato diferente al original podrán dar lugar a la exigencia de las tasas o precios públicos.

La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo 22.2 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

El plazo  puede verse suspendido en una serie de casos:

• Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.

Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, de lo que el solicitante será informado, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

Si el Ayuntamiento no le contesta, le deniegan, total o parcialmente, el derecho de acceso a la información solicitada o ésta es insuficiente podrá presentar:

Recurso contencioso-administrativo.

• Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública (o su desestimación por silencio) son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Reclamación potestativa.-

• Podrá reclamar potestativamente ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno previsto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución, o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

Calle José Abascal, 2 – 5ª Planta. 28003 Madrid.

Horario de atención al público de 9:00h a 14:30h.

Web: http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/index.html

A través del sistema de Sugerencias y Reclamaciones se puede manifestar cualquier insatisfacción o disconformidad con la actuación del Ayuntamiento, así como cualquier sugerencia de funcionamiento relativa al derecho de acceso a la información pública.

La presentación de quejas no supone, en modo alguno, la renuncia al ejercicio de otros derechos y acciones que puedan ejercer los ciudadanos.